Ciudadanos presentan más de 150 quejas por irregularidades en
Jóvenes Construyendo el Futuro; acusan usurpación de identidad, robo de datos
personales, moches y retención de tarjetas bancarias jóvenes construyendo el
futuro
En este sistema de desvío de recursos públicos en Jóvenes
Construyendo el Futuro, caben todos: servidores de la nación, funcionarios de
la Secretaría del Trabajo, gestores externos y hasta empresarios.
Un análisis de 155 quejas ciudadanas turnadas a la Secretaría
de la Función Pública (SFP) obtenidas a través de una solicitud de información,
permitió identificar por lo menos cinco formas de violentar las reglas de
operación y obtener beneficios sin cumplir con los requisitos.
En los documentos se repiten irregularidades como usurpación
de identidad y robo de datos personales a empresas y becarios, retención de las
tarjetas bancarias y de un porcentaje del dinero, registro de amigos y
familiares de servidores públicos y de tutores, uso del programa con fines
proselitistas y la ausencia de capacitaciones, entre otros.
En 2019 y 2020 ciudadanos afectados por malos manejos en el
programa recurrieron a la Oficina de la Presidencia con cartas dirigidas a
Andrés Manuel López Obrador, se quejaron ante la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos y hasta marcaron al número de emergencias 911. Deseaban
exponer todas las fallas del programa federal.
Un 60% de los reclamos ingresaron por el sistema de
Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, una plataforma
creada en la administración actual con el objetivo de fomentar la denuncia.
Los expedientes fueron turnados a la Secretaría de la Función
Pública (SFP), responsable de investigar y de sancionar las posibles
irregularidades.
En la versión pública de las quejas entregadas, la SFP testó
el nombre del ciudadano, el lugar donde sucedieron los hechos y el nombre y
cargo del funcionario. Lo que sí se puede conocer son algunas de las formas en
que se llevan a cabo las irregularidades.
Usurpación de identidad
“Atienda este aviso, URGENTE RESPUESTA”, se lee en un mensaje
de WhatsApp que una empresaria afiliada a Jóvenes Construyendo el Futuro
recibió a finales de 2019. El texto llegó cuando la propietaria de una estética
canina llevaba cuatro meses capacitando a dos becarios.
La persona que le envió el mensaje se identificó como
“servidora de la nación”, y la amenazó con dar de baja su negocio del programa.
Para no hacerlo le exigió la ficha de alta y su Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) con homoclave. Accedió.
Un par de semanas después, la veterinaria intentó ingresar a
la plataforma de JCF, pero su correo electrónico y contraseña habían sido
modificados. Cuando logró recuperar su cuenta descubrió que el nombre del
tutor, el teléfono, correo electrónico y domicilio habían sido cambiados.
Con su mismo RFC y registro la estética canina pasó de
capacitar a cinco becarios a convertirse en una agencia de diseño gráfico con
cabida para 75 jóvenes.
“Hay una empresa distinta dada de alta en el programa con mi
RFC. Lo anterior además de resultar una indebida utilización de mis datos
personales, también implica un indebido ejercicio de los recursos públicos y
corrupción”, expuso la afectada en la denuncia de hechos.
Casos similares son relatados en 16 quejas que acusan
usurpación de identidad, amenazas y hostigamiento presuntamente cometidos por
“servidores de la nación” y funcionarios de la Secretaría del Trabajo.
“En mi negocio se
presentó un representante del programa. Me preguntó cuántos jóvenes tienes, yo
le contesté que tres, él me dijo que necesitaba darle mil pesos por cada uno,
si no me daría de baja. No le tomé importancia, pero hoy me llegó un correo que
mi empresa fue dada de baja, no sé qué hacer, espero me puedan ayudar”, se
narra en otra denuncia del 12 de junio de 2020.
La usurpación de identidad no fue exclusiva de las empresas.
Destacan historias de personas a quienes les robaron sus datos personales para
registrarlos en Jóvenes Construyendo el Futuro sin que estuvieran enterados.
Así le ocurrió a un universitario de San Diego de la Unión,
Guanajuato, quien fue contactado por una asociación civil que le prometió mil
pesos mensuales para sus gastos de traslado.
Para recibir el supuesto apoyo el estudiante entregó su acta
de nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP), credencial de
elector y un número de celular. Luego lo agregaron a un grupo de WhatsApp en
donde había otras 32 personas, ahí se les explicó que recibirían una tarjeta
bancaria con mil pesos mensuales. Además, la asociación les iba a retener la
tarjeta de pago para llevar un “estricto control”. Él no relacionaba este dinero
con el programa juvenil.
Pero el argumento para asegurarles las tarjetas no le dio
confianza al universitario y no aceptó el apoyo. Tiempo más tarde, al realizar
otro trámite ante el IMSS, descubrió que llevaba tres meses afiliado a JCF, a
pesar de ser estudiante y no cumplir con el principal requisito del programa: no
estudiar ni trabajar.
“Busqué información en internet de JCF e intenté registrarme,
pero me salió una leyenda que decía que ya estaba registrado. Yo desconocía que
era beneficiario y no he recibido ningún beneficio”, narró el universitario que
acudió ante el Órgano Interno de Control de su municipio.
Los sistemas de fraude al programa se corroboraron con
entrevistas a jóvenes que han sido becarios del programa federal.
Piden moches
El condicionamiento de la beca a cambio de un porcentaje del
dinero y la retención de las tarjetas bancarias personales es uno de los
esquemas de defraudación que más ciudadanos acusaron.
En 43 casos revisados se señala este sistema operado por
supuestos gestores que “ayudaron” a becarios a ingresar a la plataforma y a
cambio les pidieron de 800 a 2 mil 500 pesos mensuales.
En 2019 la beca juvenil alcanzó un pago mensual de 3 mil 600
pesos y al año siguiente se incrementó a 3 mil 748 pesos.
Según las denuncias los intermediarios habrían retenido entre
25% y 70% del apoyo.
En un expediente fechado al 5 de junio de 2020 se describe la
operación de una supuesta red de corrupción que es coincidente con lo narrado
en la mayoría de las quejas. En esta estructura hay empresas, jóvenes y
funcionarios involucrados.
“Hay un cabecilla que organiza a la gente. Consiguen pequeños
propietarios que se presten al esquema para usar su documentación. Luego
consiguen becarios para darlos de alta en el sistema y registrarlos en los
negocios que son de ellos. El cabecilla se queda con las tarjetas y cuando cae
la beca reparte el dinero entre los jóvenes, los propietarios y un funcionario
que se presta a este esquema”, detalla.
Otro expediente de octubre de 2019 narra una operación
similar, pero con un ingrediente adicional: el desvío de recursos públicos para
campañas políticas.
Según se explica, un grupo político local creó una empresa
ficticia que registró como centro de trabajo de JCF. En esa empresa pantalla se
asignaron a 20 jóvenes con los que previamente se acordó que entregarían 2 mil
600 pesos de su apoyo a cambio de no asistir a las capacitaciones. Es decir,
habrían retenido 70% de las becas y, según se denunció, con los recursos
obtenidos se financió una campaña política municipal.
Este caso llegó a través del Sistema de Ciudadanos Alertadores,
estructura que realizó un análisis de la denuncia y detectó tres probables
faltas administrativas graves: desvío de recursos públicos, abuso de funciones
y cohecho.
Además, se encontraron otros ocho expedientes en los que
también se señala el uso del programa para fines electorales.
De las 155 denuncias, en 43 casos se acusa el
condicionamiento del programa a cambio de un porcentaje de la beca y la
retención de tarjetas bancarias, y en 25 quejas se señala el uso de JCF para
beneficiar a familiares y amigos de servidores públicos.
También destacan 16 expedientes de empresas que denuncian
usurpación de identidad, robo de datos personales, amenazas y hostigamiento.
La beca consiste en 5 mil 258 pesos mensuales, cuenta con un
presupuesto en 2022 de 21 mil millones de pesos y se estima una incorporación de
más de 400 mil beneficiarios.
Se buscó a las secretarías del Trabajo y Previsión Social
(STPS) y de la Función Pública (SFP) para conocer sus opiniones. Ambas pidieron
cuestionarios.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social no respondió, y
la Función Pública detalla que tiene más de 160 expedientes de investigación
abiertos. También explica que no tiene facultades para sancionar los casos que
involucran a becarios afectados por tutores o externos, debido a que no son
servidores públicos.
Fuente: El Universal
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