México: disputa por el poder; o por qué el PRI es inmorible
Si de manera repentina llegará una nave extraterrestre a
México y tratará de poner en funcionamiento todos sus sistemas computacionales
para entender al planeta invadido, sin duda que fundiría todos los fusibles y
reventaría todo el sistema algorítmico.
Sin embargo, tampoco es muy difícil explicar lo que está
ocurriendo en México: detrás de la fachada de una lucha política entre grupos
sociales plurales antisistémicos contra el gobierno en turno no se oculta
ninguna lucha por la democracia, sino que deja ver una disputa por el poder
político que tiene que ver con el modelo económico en tránsito: regresar la
economía de mercado sin Estado o mantener el viejo populismo de Estado.
Lo que ha vivido México en los últimos días no ha sido una
lucha de clases por sistema productivo, sino el jaloneo entre grupos de poder
alrededor del Instituto Nacional Electoral, el organismo público encargado de
organizar las elecciones y contar los votos.
En términos estrictos, México ha sido siempre una democracia,
en mayor o menor medida, pero cumpliendo los requisitos de competencia
institucional. El Estado fue dominante desde la Constitución de 1917 hasta la
reforma neoliberal de 1982, pasando de una economía de casi capitalismo
monopolista de Estado a una economía de mercado con Estado regulador
decreciente y mayor actividad privada que fue reforzada en 1994 con el Tratado
de Comercio Libre con Estados Unidos y Canadá.
La ruptura política en México fue electoral: en 1988, las
elecciones presidenciales padecieron irregularidades severas, el PRI cayó de un
promedio de 80% de votos a 50% y la oposición entró en el ritmo de alta
competitividad por el poder. Hasta 1988, las elecciones las organizaba una
oficina pública dependiente de la Secretaría de Gobernación (algo parecido a Ministerio
del Interior), pero con reglas que beneficiaban al PRI como el partido en el
poder.
El órgano electoral inició 1990 una serie de reorganizaciones
y reformas que llevaron a México a transitar de una democracia centralizada,
verticalista y unipartidista a una democracia plural con oposición no
rupturista. Lo que en 1988 se vio con horror como un futuro imposible –la
alternancia de partido en la presidencia de la República– se consiguió en el
año 2000, aunque con un modelo de alternancia de partido pero prevalencia del
mismo sistema/régimen/Estado del PRI.
Es decir, en México se conoce como transición a la democracia
solo el cambio de partido por reglas democráticas aceptadas por el PRI en una
alternancia que no modificó la estructura de poder ni la vigencia de las
instituciones fundadas por el propio PRI. El PAN como partido de la derecha
gobernó dos periodos de 6 años, luego regresó el PRI a la presidencia en 2012 y
en 2018 volvió a darse un jalón de alternancia hacia el partido Morena de López
Obrador, un expriista que fundó su propio partido pero dejó prevaleciente el
modelo político social del viejo PRI.
En este contexto, en México no hubo ni alternancia ni
transición sino solo movimientos pendulares dentro de un mismo
sistema/régimen/Estado de funcionamiento con las reglas del PRI. El Instituto
Electoral no es totalmente autónomo, pues depende de la votación de sus
funcionarios a través de los partidos políticos y éstos tienen doble
representación en el llamado Consejo electoral del Instituto como espacio para
la toma de decisiones.
El modelo de Consejo electoral fue una forma inventada por el
presidente Salinas de Gortari en 1990 para no crear un organismo totalmente
autónomo, pues los consejeros electorales que hacen funcionar al instituto son
electos por los partidos políticos que a su vez debieran ser vigilados por la
autoridad electoral.
La organización del Instituto Electoral mexicano responde a
la complejidad de la política a la mexicana: instituciones confusas que al
final ocultan o tratan de ocultar el dominio autoritario presidencialista,
estatista y verticalista de todas las instituciones públicas.
El presidente López Obrador presentó una iniciativa de
reforma político-electoral para modificar la estructura del Instituto, la cual
había sufrido cuando menos dos grandes operaciones a corazón abierto que
replantearon su organización original. Pero una coalición empresarios-partidos
de oposición organizó una gran manifestación para impedir la reforma del
Instituto Electoral, a pesar de que ya no garantiza la funcionalidad de los
procesos de votaciones y es urgente una reorganización.
Pero lo que se está debatiendo no es la existencia de la
democracia, sino la disputa por el poder electoral que, por cierto, Hugo Chávez
demostró su potencialidad política al convertirlo en Cuarto Poder
constitucional, adicional a los tres propuestos por el barón de Montesquieu. La
alianza de los partidos de oposición con un bloque de poder empresarial
conservador y su capacidad de movilización de contingentes sociales está
bloqueando la reforma electoral y allí es en donde México está metido en una
severa crisis: el actual sistema electoral ya no funciona para la democracia,
el partido en el poder quiere reformarlo y la oposición se opone a cualquier
modificación.
En este berenjenal encuentra ahora México: una democracia
funcional, pero incapaz de ejercer las reglas de la democracia en las cuales la
mayoría político-legislativa tiene prioridad en la propuesta y negociación de
cambios, en tanto que la oposición minoritaria sale a la calle a bloquear
decisiones que se deben discutir en el Parlamento y no en el pavimento.
El caso es que el viejo PRI se refugia en la sociedad
opositora y en el partido en el poder y el régimen priista seguirá vigente en
tanto México no abandone la utopía de la transición a la democracia para
explorar un objetivo más urgente: la transición de la República PRI a una
República de leyes e instituciones y no de litigios callejeros.
Por Carlos Ramírez-
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