CIUDAD
DE MÉXICO (proceso).- Nacido como una prioridad presidencial a la que se le
asignó amplio presupuesto, el Programa Nacional de Becas para el Bienestar
Benito Juárez inició su operación con irregularidades: una auditoría identificó
que en 2019, año de su creación, la coordinación a cargo de operarlo ejerció
recursos de manera indebida por 567 millones de pesos.
El
próximo 20 de febrero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitirá su
informe complementario por el ejercicio fiscal 2019, postergado desde el 30 de
octubre, debido a que dicha entidad, dependiente de la Cámara de Diputados, no
logró concluir sus trabajos, justificando la dilación en las medidas de
distanciamiento social impuestas para atemperar la pandemia.
La
Cámara de Diputados aprobó el pasado jueves 11 el formato de presentación que
deberá entregar la ASF el sábado 20. Y entre los múltiples reportes por
publicar destaca la auditoría 250-DS, practicada a la Secretaría de Bienestar
en relación con el mencionado programa de becas.
Dicho
programa surgió como producto de una transformación. Al iniciar su gobierno, el
presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó eliminar el peñanietista
Prospera, Programa de Inclusión Social, una decisión que se perfilaba ya desde
la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, pues éste
contenía la previsión de transferir los recursos correspondientes a ese
programa al que lo sustituyera. El sustituto fue el Programa Nacional de Becas
para el Bienestar Benito Juárez.
Proceso
tuvo acceso parcial a la mencionada auditoría 250-DS en la que se registran las
observaciones respecto de las siguientes prácticas:
Uso
de recursos para fines distintos de los autorizados o establecidos en la
normatividad; pagos improcedentes o en demasía; carencia o desactualización de
manuales, normativa interna o disposiciones legales y, finalmente, operaciones
o bienes no registrados o registrados de manera errónea o extemporánea.
Las
irregularidades identificadas implican manejo de recursos a través del Banco
Azteca, el principal dispersor de las ayudas a estudiantes; también a BBVA
Bancomer y al Banco del Bajío.
Además,
la auditoría observa la relación con las irregularidades en el caso de los
siguientes proveedores: Sinteg de México, SA de CV; D&P México Servicios
Digitales, SA de CV y Sixsigma Netowrks México, SA de CV.
Sinteg
en México se especializa en impresión y digitalización de documentos, un
servicio por el que recientemente ha sido rechazado al no cumplir con
requerimientos técnicos en diversas entidades gubernamentales; D&P México
Servicios forma parte de la denuncia por pagos indebidos en Veracruz durante el
gobierno de Miguel Ángel Yunes en el caso conocido como la “Estafa a la
Veracruzana”.
En
tanto Sixsigma Networks México es una subsidiaria de Kio Networks, la empresa
de soluciones tecnológicas propiedad de la magnate María Asunción
Aramburuzabala, que en este sexenio ha sido excluida de la proveeduría en
distintas áreas gubernamentales.
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