Al
gobernador de Durango, el panista José Rosas Aispuro, lo está acusando un grupo
de empresarios de Querétaro de robarse un avión que ellos compraron en una
subasta del Indep (antes SAE) y por el
que pagaron 6.4 millones de pesos.
El
avión es un Gulfstream Comander 1000 y, al momento de ser subastado, estaba
“bajo resguardo” del gobierno de Durango, a quien se le había prestado en tanto
era vendido, pero ocurrió que al mandatario duranguense nadie le avisó que la
aeronave ya había sido vendida y cuando sus nuevos dueños fueron hasta su
estado a recogerla, sus pilotos y guaruras se negaron a entregarla a sus nuevos
y legítimos dueños.
La
subasta del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado comenzó desde el 14 de
noviembre pasado y diez días después, tras una oferta de 6 millones 412
mil pesos, que fue la más alta en la
puja, la dependencia emitió su fallo el 24 de noviembre y asignó la aeronave,
matrícula XC-AA19 y número de serie 96056 a los empresarios queretanos que un
día después pagaron el 50% del valor del avión y el 30 de noviembre, de acuerdo
al plazo que les puso el Indep, liquidaron la suma total, recibiendo incluso la
factura del aparato que era propiedad del gobierno federal.
Cuando
los nuevos dueños pidieron ver el avión por el que ya habían pagado, los
funcionarios del Instituto de la Secretaría de Hacienda les informaron que se
encontraba fisícamente en Durango, donde el gobierno de Rosas Aispuro lo tenía
en resguardo, pero que les sería entregado el 16 de diciembre en el aeropuerto
de la capital de aquel estado. Hasta allá llegaron puntuales los empresarios
que se presentaron al hangar del gobierno del estado donde se encontraba la
aeronave, pero cuál sería su sorpresa que el piloto del gobernador, Samuel
Barcaza, y su copiloto, les dijeron que no entregarían el avión porque “el
gobernador no estaba de acuerdo con que el SAE hubiera subastado la aeronave en
la que él se movía sin avisarle”.
Ese
mismo día, dijeron, el mandatario Rosas Aispuro tenía pogramado un vuelo en el
Gulfstream a Aguascalientes y necesitaban llevarlo, pero se comprometieron a
que sólo lo dejaban en su destino y regresarían “en menos de dos horas” al
aeropuerto duranguense para hacer la entrega formal de la aeronave a sus nuevos
dueños. Pero pasaron más de 5 horas y los empresarios de Querétaro se quedaron
con un palmo de narices: el avión nunca regresó y los funcionarios del Indep
les informaron que “el gobernador no quiere devolver el avión” y que no se los
podrían entregar.
Desde
entonces los nuevos propietarios de la aeronave han estado insistiendo en pedir
que se les entregue el avión por el que ya pagaron y del que tienen la factura,
pero la respuesta de los funcionarios del Indep, que dirige Ernesto Prieto, ha
sido la misma: “No podemos hacerles la entrega”. El tema ya llegó a los
tribunales con el amparo interpuesto por los empresarios afectados, quienes
acusan no sólo el incumplimiento del Indep para entregar un bien federal
subastado y pagado, sino también la negativa del gobernador de Durango, quien
dicen, se robó su aeronave.
“Nosotros
recurrimos a instancias federales a meter la denuncia, para proteger los
intereses de la empresa. (…) el INDEP siempre estuvo apoyándonos en estos
primeros tres días y, posteriormente, ha mandado únicamente correos de
diferentes instancias, desde administradores, posventa, servicio al cliente,
diciendo que se va a cancelar (la subasta), que quieren cancelar la operación o
el procedimiento de todo esto que sucedió, no dándonos mayor explicación más
que el área regional no ha podido hacer la entrega”, dijeron los empresarios
afectados al diario Código Querétaro.
Pero
a pesar de que ese amparo en teoría impediría que la aeronave se siguiera
utilizando, al parecer el gobernador duranguense sigue volando en ella, aun
cuando sus nuevos dueños firmaron, como parte de los trámites que les pidió el
Indep para adjudicárselas una constancia de entrega en la que se dice que ellos
son los únicos responsables del uso y destino del avión que sigue en poder del
gobierno de Durango.
El
tema, que parece anecdótico, plantea en realidad que los problemas e
irregularidades en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado siguen
siendo tan delicados como cuando su anterior director, Jaime Cárdenas Gracia,
renunció en septiembre de 2020, en medio de denuncias y acusaciones de
corrupción en esa institución por robo de piezas de joyería, subastas amañadas
y daños al patrimonio federal con adjudicaciones que no beneficiaban al
gobierno, acusaciones que le valieron al abogado una descalificación del
presidente López Obrador que lo acusó de “no dar el ancho para el servicio
público”.
Ahora,
en lugar de dar certidumbre a los particulares que participan en su subasta, el
Indep del señor Prieto pretende cancelar la adjudicación que ya había hecho a
los empresarios de Querétaro y revertir una compra ya finiquitada y facturada,
mientras que el gobernador sigue volando en un avión, que fue de propiedad
federal y que ahora es propiedad particular. Unos defraudando y otros robando.
El Instituto que supuestamente debe “devolver lo robado” está legitimando un
robo y el gobernador se apropió de un bien que le habían solamente prestado. Y
los empresarios terminaron viendo volar su dinero, pero no el avión por el que
pagaron. No se ría que es en serio.
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