Ignorante de la Constitución
El día de ayer, este organismo electoral crea por primera vez, la
Comisión de Participación Ciudadana para abordar mediante una consulta popular,
el tema de la castración química como una pena a los sentenciados del delito de
violación.
Es decir, a costa de nuestros impuestos, se ventilará una elección
ciudadana, en la cual, se vote la propuesta, para solamente pedir una opinión a
la ciudadanía sobre si es correcta o no la castración química a un sentenciado
por el delito de violación.
Una opinión sin valor legal.
Sin un fin práctico.
¿Porque?
Porque quien tiene que legislar sobre esa pena, debe ser el Congreso del
Estado de Durango, es decir el órgano legislativo tiene que valorar estudiar y
analizar jurídica y constitucionalmente, observando los tratados internacionales,
la factibilidad de la imposición de la sanción.
Dicho de otro modo, para que un Juez condene a un violador, deberá estar
perfectamente establecido en el Código Penal.
Aunado a ello, ya el titular de la Comisión Estatal de Derechos humanos
en Durango opino sobre la ilegalidad de la sanción que se pretende legislar.
Es decir, qué el ombudsman adelanto que en caso de que se legislara y
que en el supuesto de que un juez penal sancionará con esa pena, será la
Comisión la encargada de proteger ese derecho universal, a no ser sancionado
con esa pena.
Sin omitir que el sentenciado tendrá derecho también a un juicio de
amparo para buscar la protección de la justicia de la unión por tratarse de una
pena trascendental.
El órgano electoral Duranguense, desconoce el marco constitucional, así
como los tratados internacionales al consultar sobre una propuesta totalmente velatorio
de los Derechos humanos.
En efecto veamos que dice la Carta Magna:
El artículo 22 de nuestra Constitución General de la República establece:
Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de
infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la
multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas
y trascendentales.
Lo correcto era rechazar esa petición, del dip. Toño Ochoa, por
pretender llevar a consulta popular una iniciativa que de origen es ilegal,
inconstitucional y que viola los derechos humanos y los tratados
internacionales.
El órgano electoral no tiene que hacer, actúa con demagogia, buscando
notoriedad, al gastarse el dinero del pueblo en esta primera consulta qué de
origen es ilegal.
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