Mario Maldonado
A Samuel García
le ganó la soberbia y su inexperiencia política, pero también el miedo a que se
reactivaran las investigaciones que inició, paradójicamente, la 4T en contra de
él y de su familia. El fugaz precandidato presidencial acusó a sus detractores
del “PRIAN” de lo que él mismo teme: que se desempolven las carpetas con
acusaciones de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia
ilícita y uso de empresas “factureras” para evadir impuestos.
Cuando Samuel
García peleó por la gubernatura de Nuevo León, en 2021, hubo mucha guerra sucia
entre él y sus competidores, Adrián de la Garza, del PRI, y Clara Luz Flores,
de Morena –quien será senadora por este partido en la siguiente Legislatura–,
lo que puso al estado a punto de ebullición. Durante dicha campaña se revelaron
investigaciones contra el joven candidato de Movimiento Ciudadano.
De acuerdo con
las pesquisas que condujo la Unidad de Inteligencia Financiera, entonces a
cargo de Santiago Nieto, se encontraron suficientes pruebas para determinar
delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. En 2012 se
detectaron un par de transferencias realizadas a Samuel García por más de 26
millones de pesos, desde una razón social identificada como Grupo Renok, la
cual está incluida en la lista en la que el SAT identifica a los entes
conocidos como “factureras” o “empresas fachada”.
En la indagatoria
también se identificó un esquema concentrador y de triangulación de recursos en
el que participaron varias empresas vinculadas con Samuel García y con su
padre, Samuel Orlando García Mascorro. Entre 2016 y 2019, la firma Saga Tierras
y Bienes Inmuebles, de la que el gobernador de Nuevo León es accionista,
recibió en 56 operaciones bancarias casi 172 millones de pesos de tres razones
sociales vinculadas con su padre: García Mascorro Abogados Firma Jurídica
Fiscal SC, Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros SC y Firma Jurídica
Fiscal y Abogados SC. Las sospechas en este caso se basan en que en la empresa
Saga no se identifican actividades u operaciones que justifiquen la
transferencia de los recursos, además de que se tienen detectados desde esta
razón social retiros de hasta 17 millones de pesos en efectivo.
No sólo a Samuel,
también a su esposa Mariana Rodríguez y a su suegro Jorge Rodríguez Valdez se
les han detectado operaciones con empresas reportadas en el sistema financiero
por comportamiento inusual, por lo que la información sería dinamita para el
político si pierde las riendas de su gobierno.
El escándalo que
se generó en Nuevo León, la desaprobación de su compadre, el alcalde de
Monterrey, Luis Donaldo Colosio, aunado a lo que sucedió hace unos meses en
Jalisco, cuando el gobernador emecista, Enrique Alfaro, criticó al líder del
movimiento Dante Delgado por su falta de “claridad” y por los “errores” que ha
cometido y amagó con dejar el partido, y al anuncio de este fin de semana sobre
que el dirigente de MC en la CDMX, Héctor Hugo Hérnandez, se suma al grupo del
panista Santiago Taboada para no dividir el voto opositor, son muestras nítidas
de que Movimiento Ciudadano se ha ido desfondando a una velocidad estrepitosa.
Posdata 1
Después del
“tiradero” de sentencias encontradas que ha dejado el caso de Samuel García, se
cierne un nuevo escándalo en el Poder Judicial Federal. Este lunes, cuando el
presidente del Tribunal Electoral (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, rinde su
informe anual, se confirma que una persona adscrita a su ponencia, la
licenciada Yhalí Cruz Valle, fue denunciada ante la Fiscalía General de la
República por intento de extorsión contra el magistrado Felipe de la Mata,
también del TEPJF.
En la denuncia
contra Cruz Valle, la cual contiene audios y otras pruebas que buscan
desestimar las acusaciones contra De la Mata, por “acoso laboral y sexual”, hay
dos temas de fondo: la intención de Yhalí Cruz de avanzar en su candidatura
para ser magistrada de la Sala Especializada del TEPJF, y la segunda, para
obligar a renunciar a De la Mata de la Sala Superior Electoral, a efecto de
hacerse de espacios claves para el arbitraje político electoral del 2024.
Los audios que se
entregaron a la FGR presuntamente dan cuenta de dicha estrategia y hacen
mención de varias figuras públicas que estarían involucradas en la trama, entre
ellas algunas de las más altas autoridades judiciales del país. Ahora el
Ministerio Público deberá de llamar a comparecer a todos los señalados en un
caso que pinta para ser delicado.
Posdata 2
Le platicaba que
el excanciller Marcelo Ebrard, además de cabildear su posición como líder de
Morena en el Senado, impulsa la apertura de espacios en esa misma cámara para
sus allegados y entre ellos suena el nombre del extitular de la UIF, Santiago
Nieto, quien aspira a ocupar la primera fórmula a la senaduría por el estado de
Querétaro y apuntalar sus aspiraciones para buscar más adelante la gubernatura.
En el camino para
hacerse de esta posición, Ebrard y Nieto se enfrentarán al grupo de Martí
Batres, que impulsa para el mismo cargo y en la misma plaza a Luis Humberto
Fernández, el titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México.
En este escenario, el damnificado principal es el Partido Verde y su candidato
al Senado por Querétaro, Ricardo Astudillo.
Respecto a otros
espacios, como lo comentamos la semana pasada el exgobernador de Oaxaca,
Alejandro Murat, apareció en el evento del domingo de Claudia Sheinbaum. El
expriista busca un escaño en el Senado bajo los colores de Morena, pero el
gobernador en turno, Salomón Jara, se resiste a que se lo otorguen.
Posdata 3
Vaya que ha
generado controversia la intención de la gobernadora del Estado de México,
Delfina Gómez, de nombrar a Luis David Fernández Araya como titular de la
Secretaría de la Contraloría, debido a su pasado.
En 2021, cuando
se desempeñaba como titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de
Desarrollo Económico del Estado de México, se inició un expediente de
investigación donde se determinó la probable responsabilidad por ostentarse con
el grado académico de doctor en Finanzas sin contar con el documento oficial y
legalmente válido que así lo acredite.
Tal como lo marca
el protocolo, se le emplazó a un procedimiento administrativo y en el desahogo
de la audiencia inicial el entonces servidor público no ofreció pruebas que
desvirtúen la conducta atribuida. Dentro de las consideraciones en la emisión
de la resolución se señala que se acreditó el dolo del servidor público al
ostentar el grado de doctor con plena voluntad, ya que a sabiendas que el
documento “Diplome de Docteur” no poseía la revalidación del grado de Doctor,
presuntamente obtenido en el extranjero, se ostentó con el mismo.
De la traducción
del documento denominado Diplome de Docteur en Finances, supuestamente expedido
por la Université de Poitiers, que exhibió el servidor público, se advirtieron
inconsistencias como que el documento señala que nació en Francia el 19 de
diciembre de 1977 y del acta de nacimiento se desprende que nació en México el
23 de febrero de 1968, fecha que sería coincidente con su INE y la CURP.
Agotado el
procedimiento administrativo quedó acreditado que ostentó un grado académico
que no contaba con validez oficial. Antes de que se le notificara la
resolución, presentó su renuncia y no hay noticia de alguna impugnación.
A lo anterior se
suma que, en su declaración patrimonial con fecha 22 de enero de 2015, se
ostentó como doctor en Economía y Finanzas, pero esta vez por Tufts University,
institución ubicada en Medford, Massachusetts.
Fernández Araya
aspira a un cargo en la Secretaría de la Contraloría en el Edomex, pero la SEP,
de Leticia Ramírez Amaya, al día de hoy no tiene registro de ninguna cédula
profesional expedida a su nombre, de licenciatura ni de ningún otro grado.
Fernández Araya
fue director General de Talleres Gráficos de México entre 2013 y 2014, y es
accionista en al menos cinco empresas: Cajas y Autobuses Integra, Soluciones
Logísticas de Campeche, Afco, Cafer & Integra del Sureste y, Cafer &
Integra de Occidente.
0 Comentarios