Un
Gulfstream 1,000, que estaba en resguardo del gobierno del estado, fue
subastado por el SAE (hoy Indep) y adjudicado a empresarios de Querétaro, sin
embargo, al ir a recogerlo, pilotos al servicio del gobernador, sacaron el
aparato del estado y ahora el mandatario se niega a entregarlo a sus dueños
El
gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, se niega a entregar un avión
ejecutivo Gulfstream Commander 1,000, el cual fue adquirido por empresarios
queretanos en una subasta pública organizada por el entonces Servicio de
Administración y Enajenación de Bienes (SAE), de la Secretaría de Hacienda,
ahora convertido en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).
De
acuerdo con la denuncia de los empresarios afectados, la aeronave bimotor,
color blanco con franjas verdes, número de serie 96056, matrícula anterior
XB-RAL y con matrícula actual XC-AA19, fue adquirido en la subasta electrónica
SEM22/21G cuyo proceso inició el 14 de noviembre de 2021, reportó el diario
Código Querétaro.
El
SAE ofreció la aeronave en el lote 2312. Para poder participar los empresarios
hicieron un depósito de garantía por 100,000 pesos.
La
dependencia puso un precio de salida de seis millones 485,962 pesos y ellos
ofrecieron seis millones 412,962 pesos, con lo que ganaron la puja, de acuerdo
con el fallo correspondiente, emitido el 24 de noviembre de 2021.
La
autoridad les dio un plazo de 24 horas para pagar el 50% del precio de venta, lo
cual realizaron y cinco días para liquidar el restante, lo cual también
efectuaron.
Una
vez cubierto el importe por la operación, el SAE les entregó una factura con
CFDI incancelable.
Los
empresarios solicitaron entonces ver la aeronave y permiso para acceder a ella
y ponerla en condiciones de aeronavegabilidad.
Los
funcionarios del SAE les informaron que la aeronave estaba en Durango, bajo
resguardo del gobierno del estado y los citaron para su entrega el 16 de
diciembre de 2021, en el aeropuerto de la capital duranguense.
Se
trasladaron hasta el hangar del gobierno del estado, donde encontraron la
aeronave. En el sitio estaban Samuel Barcaza, piloto, acompañado por su
copiloto, ambos al servicio del gobernador, José Rosas Aispuro Torres, quienes
les comentaron que el mandatario no estaba de acuerdo con que el SAE hubiera
subastado la aeronave que utiliza.
Ese
mismo día los pilotos informaron a los nuevos dueños que la aeronave estaba
programada para trasportar al gobernador a Aguascalientes, lo cual harían y en
menos de dos horas la regresarían a ese lugar para entregárselas.
El
avión no regresó al hangar y cinco horas después, los funcionarios del SAE
informaron a los empresarios que el gobernador no quiere devolver el avión y,
por ello, no podrán entregárselos.
Durante
los tres días posteriores, mantuvieron contacto con los funcionarios del SAE e
interpusieron la denuncia ante las autoridades competentes a fin de que les
entreguen la aeronave formalmente ya de su propiedad. Sin embargo, en los últimos
días los funcionarios de la dependencia federal solo les dicen que no pueden
hacer la entrega.
Los
empresarios interpusieron un amparo, lo cual, en teoría impide que la aeronave
sea utilizada y acusaron al gobernador duranguense de robo, al mantener la
posesión de la aeronave, aun cuando sabe que el SAE lo subastó y oficialmente
ya es propiedad de particulares.
Lo
delicado es que los empresarios firmaron, como parte de los trámites de
adjudicación, una constancia de entrega del bien, donde se manifiesta que son
los únicos responsables del uso y destino del aparato.
Los
afectados manifestaron su preocupación por la incapacidad mostrada por el
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado para garantizar la entrega de un
bien que subastó, sobre todo porque se trata de una dependencia del gobierno
federal, que debería ofrecer a los participantes de las subastas que organiza
todas las garantías de que lo que ofrece en subasta puede entregarlas a quienes
se las adjudica.
diego.badillo@eleconomista.mx
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