En las oficinas
de la redacción del periódico La Voz de Durango se presentó el empresario Jorge Gutiérrez Puente
para informar mediante un escrito que interpuso formal queja administrativa en
contra de la Lic., Rebeca Martínez Cadena, jueza tercero de lo civil de esta
Ciudad recurso que promovió ante el consejo de la judicatura Estatal por los
graves incumplimientos que ha mostrado en el desempeño de sus funciones, ya que
retrasa el correcto cumplimiento de la ley a pesar de que el denunciante obtuvo
sentencia a su favor en el juicio ordinario civil expediente 398-2020,
Según el quejoso
el Instituto Mexicano del Seguro Social cubrió una cantidad de más de un millón
de pesos prestación que correspondía a la liquidación de diversos servicios.
Y aunque el
Instituto sabedor de la condena cumplió la sentencia ejecutoriada la jueza
Rebeca Martínez mediante diversas argucias y procedimientos incorrectos se niega
a entregar el dinero que estaba depositado en el juicio ordinario civil el
juzgado tercero.
Indicó que de
forma muy respetuosa se ha presentado ante la funcionaría judicial solo a
solicitar respetuosamente que se cumpla el acuerdo derivado de la sentencia y
se entreguen las prestaciones a su favor, pero se niega a hacerlo.
Jorge Gutiérrez
aseguró que la Jueza haciéndose valer de sus secretarios de acuerdos, la Lic.
Sandra Catalina Rodríguez Freyre y la secretaria a quien conoce solo como
Malena realizaron toda clase de maniobras para informarle que era imposible que
se le entregara el recurso monetario luego que preguntó a la contadora del Fondo
Auxiliar para saber si se podía o no disponer de ello. Añadió que la jueza
mandó a la secretaría Malena para que presionara a la contadora en mención y
negara la devolución que mediante oficio mandó ella misma.
Afirmó el
empresario Gutiérrez Puente que no persigue ni pretende beneficio ajeno o por
encima del cumplimiento de la ley, que está reclamando que simple y sencillamente
se acate lo establecido en la sentencia, pues repitió que el juicio fue
concluido a su favor y ya no existe argumento alguno para detener la entrega
del dinero que le corresponde.
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